La comisión bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes desplazó hoy de sus funciones a la defensora general Marisa Graham, quien a través de una resolución interna había autoprorrogado su mandato hasta que el Congreso resolviera su reemplazo mediante un concurso de oposición y antecedentes. De este modo, se hizo efectivo lo que varias organizaciones dedicadas a la niñez temían: la acefalía y el grave riesgo que ello implica para las demandas colectivas vigentes.

Por mayoría simple, La Libertad Avanza (LLA) y sus socios del PRO y la UCR lograron dejar sin efecto la resolución 1/25, que había extendido la vigencia de los mandatos de Graham y del defensor adjunto, Juan Facundo Hernández, quienes venían desempeñándose en esos cargos desde junio del 2019.

Desde LLA plantearon que como el mandato de Graham venció el 28 de febrero pasado, la resolución por la que se mantuvo en el cargo más allá de esa fecha era «ilegítima» y debía ser derogada.

En ese sentido, el diputado libertario Nicolás Mayoraz sostuvo que «la actitud de esta señora y los fundamentos que pone en su resolución rayan el delito de sedición» .

«Ella reconoce que su mandato cesa pero dice que por reglamento puede modificar el sistema hasta tanto el Congreso decida quien va a seguir. Es una verdadera locura que un funcionario se considere más importante que el órgano mismo del cual forma parte. El mensaje que manda es que una vez que ella se va no queda nada», agregó. Y enfatizó: «Entonces ‘yo me quedo porque soy la garante de los niñas, niñas y adolescentes’. Es un disparate que no se puede convalidar».

Para el santafesino, que preside la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, no se puede «aceptar que una persona viole la ley que estableció el plazo de su mandato» y «sería muy grave que este Congreso y esta comisión bicameral convalidara esta irregularidad que no tiene ningún antecedente».

«No existe ningún antecedente en el derecho administrativo y constitucional que le sirva de sustento a un funcionario público de prorrogarse su mandato con la sola excusa de que el organismo quedaría desguarecido o sin ningún tipo de protección para el colectivo de la niñez. Una locura», insistió Mayoraz.

A su turno, la diputada Paula Penacca sostuvo que en el artículo 49 de la Ley 26.061 que crea la bicameral, se establece que es potestad de ese cuerpo tanto proponer, como designar y remover a los defensores, y que para ello se requiere de una mayoría especial de dos tercios.

Si bien reconoció que era una irregularidad llegar a esta instancia de debate con el plazo del mandato de la defensora vencido, le adjudicó la máxima responsabilidad política de esa situación al oficialismo, que maneja ambas cámaras del Congreso.

«Hay un sector político que hoy conduce ambas cámaras que debería haber procurado que las bicamerales estén funcionamiento mucho antes del momento en que se iniciaron. En función de esa falta que hizo que los mandatos de los defensores y defensoras estuvieran vencidos, no tenemos potestad en esta comisión para meternos invadiendo el funcionamiento de la Defensoría, en opinar ni mucho menos en derogar una resolución interna», consideró.

En este marco, denunció que existen «acuerdos espurios» en el oficialismo y sus aliados para «descabezar» la Defensoría y «poner a dedo a alguien» al frente del organismo, o bien dejarla «acéfala» por tiempo indeterminado.

La diputada de LLA Nadia Márquez rebatió el argumento de Penacca vinculado al artículo 49 de la ley 26.061 que habla sobre una mayoría de dos tercios para remover a las autoridades de la Defensoría.

«Si el año pasado yo planteaba removerla a Graham, ahí sí aplicaba el artículo 49 de la ley y se requerían las dos terceras partes de la composición de esta bicameral. No la estamos removiendo sino que ya terminó su mandato. Cesó su mandato y ella sigue ilegítimamente», argumentó.

En ese sentido, la diputada neuquina habló de una «intervención» en los hechos de Graham, a quien acusó de «usurpar ilegítimamente» el cargo.

Finalmente, se hizo lugar a la propuesta de la diputada de Unión por la Patria María Eugenia Alianiello y se resolvió iniciar el llamado al concurso de oposición y antecedentes para resolver el reemplazo de Graham y del defensor adjunto el próximo 16 de junio.

Es preciso recordar que el 28 de septiembre de 2005 se sancionó la Ley 26.061 que creó la figura del “Defensor». Tuvieron que pasar 15 años para que se designen las autoridades por primera vez y recién en 2020 se formalizó la designación de Graham y los dos adjuntos: Juan Facundo Hernández y Marcelo Fabián Repetto. Fueron elegidos por concurso público, después de exámenes y audiencias. 

A principios de este año, ante la inminente acefalía de la Defensoría, Graham emitió la resolución que modificó el Reglamento Interno y habilitó una «prórroga tácita» de su mandato y el de su adjunto, Facundo Hernández, que habían vencido el 28 de febrero. Según destacó la funcionaria en ese momento, su decisión de mantenerse en el puesto fue para preservar y «proteger» alrededor de 400 causas que estaban activas y necesitaban una pronta resolución para que «no queden sin legitimación».

En ese mismo sentido, en enero, «Infancia en deuda» presentó un amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 en el que pedía que, hasta tanto no se celebre el concurso público, se garantice el normal funcionamiento de la Defensoría, «a fin de evitar daños irreparables a las niñas y los niños». El juez declaró abstracta la causa y entre los argumentos indicó que la Resolución 1/25 es válida hasta que se pruebe lo contrario, lo que se puede leer como una confirmación de la decisión de Graham.