La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó este viernes la prisión preventiva de Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala, considerados líderes de una organización delictiva dedicada a la emisión de facturas truchas y lavado de activos, en el marco de la megacausa impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini.
La resolución fue firmada por las juezas Rocío Alcalá y Patricia Beatriz García, quienes avalaron los nuevos elementos probatorios incorporados a la investigación, destacando que agravan los riesgos procesales y justifican la continuidad de la detención.
El fallo ratifica lo resuelto el pasado 23 de abril en primera instancia, donde también se dispuso el secuestro de un Toyota Etios registrado a nombre de Álvaro Iván Pasko, hermano de Walter, quien permanece en libertad pero continúa bajo investigación.
Uno de los elementos clave es una pericia de Gendarmería Nacional sobre grabaciones obtenidas en diciembre de 2023 y analizadas en abril, que demostrarían el funcionamiento de una estructura organizada con capacidad logística y económica para ocultar y reciclar dinero ilícito. En uno de los videos, captado en el domicilio de Ayala, se lo observa manipulando grandes sumas de dinero junto a otros implicados: María José Reinau, Osvaldo Ramón Godoy y Ariel Ramón Acevedo.
La defensa de Ayala, a cargo de Juan Martín Guillermo Varas, intentó desestimar la validez de las grabaciones por su antigüedad, pero la Cámara consideró que la pericia N.º 133497 fue realizada en plazos razonables y con valor procesal suficiente para fortalecer la hipótesis de la fiscalía.
En el caso de Walter Pasko, si bien no aparece en los videos, la investigación lo señala como administrador de sociedades pantalla y emisor de facturación apócrifa, operando a través de cooperativas y fundaciones creadas junto a su pareja, utilizando CUITs ajenos y empresas reales para simular operaciones comerciales y así facilitar el blanqueo de capitales y la evasión impositiva.
Sobre el vehículo secuestrado a Álvaro Pasko, los magistrados indicaron que hay indicios de que fue adquirido con dinero de origen ilícito, por lo que su incautación fue considerada razonable para impedir el desvío de bienes pasibles de decomiso.
Las defensas sostuvieron que las medidas son arbitrarias y desproporcionadas, ya que los imputados no intentaron fugarse ni entorpecer la causa, pero el tribunal respondió que una hipótesis fiscal más sólida y un cúmulo probatorio contundente aumentan el riesgo de fuga, especialmente ante una posible condena de cumplimiento efectivo.
