El 29 de noviembre de 2023, la Justicia laboral hizo lugar a una medida cautelar a favor de trabajadores municipales, por la cual se ordenaba al ex intendente Gustavo Martínez que se  abstengan de realizar actos que impliquen la modificación del organigrama, el escalafón actual de la Municipalidad de Resistencia, evitando todo acto que implique creación de cargos y/o llamado a concursos de oposición y antecedentes, para cubrir vacantes de nuevos cargos; y en el caso de haberse dictado, se suspendan con carácter provisorio y de manera inmediata.

Dicha orden no fue cumplida por la gestión saliente, lo que ha generado que más de 79 agentes municipales estén reclamando administrativamente por haberse vulnerado sus derechos laborales y, en especial, el avasallamiento de su carrera administrativa.

Esa maniobra de «retirada» de Gustavo Martínez le cuesta a los vecinos más de 120 millones mensuales. Por lo tanto, la actual gestión decidió cumplir en forma irrestricta con los mandatos judiciales.

La decisión implica suspender, de manera provisional y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en sede judicial, todas las resoluciones que hayan modificado el organigrama, el escalafón actual, las que hayan creado cargos y las que hubieran llamado a concurso de oposición y antecedentes para cubrir vacantes de nuevos cargos, entre el periodo del 1 de agosto al 7 de diciembre de 2023.

El hecho de cumplimentar la medida cautelar por parte del Ejecutivo municipal implica que, hasta tanto se resuelva la acción de amparo, el personal municipal que haya sido designado, promocionado o titularizado, regresa a la situación de revista anterior a la que tenía, previo al dictado de instrumentos legales suspendidos.

Asimismo, se tomó la determinación de no renovar los contratos de servicios vencidos el 31 de diciembre de 2023, muchos de ellos creados entre octubre y noviembre del año pasado.